Argentina se encuentra en emergencia forestal. La mitad del desmonte que se produce es ilegal, según afirman desde Greenpeace. A su vez, la pérdida de bosques nativos durante 2020 en el norte del país fue de 114.716 hectáreas. En paralelo, el Presupuesto Nacional 2022 asigna $25 pesos para proteger una hectárea de bosque nativo por un año, según Fundación Vida Silvestre.
La actividad forestal basada en las áreas de preservación nativa, específicamente en los bosques, está desarrollada en pequeña escala. No obstante, a pesar de que la actividad está congelada debido a la sanción de la Ley Forestal, no se ha limitado la existencia de tala y explotación del bosque de manera ilegal. La superficie de los bosques nativos ha disminuido notoriamente en los últimos años debido a la presión para que se produzcan cereales, oleaginosas y forrajeras, repercutiendo en la disminución de dicho recurso.
En la provincia de Salta, la deforestación de los bosques nativos alcanzó niveles altos, como consecuencia de la consolidación del modelo de agricultura industrial, por lo que es de vital interés, según los ambientalistas conservacionistas, analizar las acciones que se llevaron a cabo para realizar el Ordenamiento Territorial de los Bosques, y las desiguales condiciones con las que cuentan los distintos actores sociales para imponer y/o proponer un modelo de ordenamiento particular.
Varios de los desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Salta antes de la sanción de la Ley de Bosques, y que luego fueron avalados por los gobiernos siguientes al no adecuar esos permisos a la nueva normativa forestal.
Noemí Cruz, oriunda de Salta y directora de Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia, quien a su vez trabajó diez años en la Delegación Técnica Regional Noroeste de la Administración de Parques Nacionales, compartió los siguientes datos: La pérdida de bosques nativos durante 2020 en el norte de Argentina fue de 114.716 hectáreas (Salta 20.962 hectáreas) y las emisiones por deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco durante 2020 fueron de 20.922.835,07 Tn CO2 equivalente.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos, es clara la complicidad de funcionarios; en el caso de Salta, se recategorizaron miles de hectáreas que la Ley protegía y se las desmontó, incluso territorios indígenas. Ahora, en 2021, se llamó a audiencias públicas para desmontar más hectáreas que en todo 2020, si bien el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencido, la política actual tiene un sesgo de de hecho consumado respecto a los desmontes, ya que difícilmente por las audiencias lleguen a frenarlos, al no ser vinculantes, son desarrolladas como un simple paso administrativo, a la espera de poder avanzar apenas se les autorice”.
La ambientalista afirma que “si hubiera real interés en frenar la deforestación, no tendría ningún sentido continuar realizando audiencias” mientras que cuestiona que “estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad”.
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