Fue promulgada en marzo y hasta mayo los supermercados tenían tiempo para adecuarse, sin embargo, en la provincia aún no se sabe quién ni cómo se debe controlar. La ley promueve productos de la economía regional.
La sanción de la Ley de Góndolas fue una de las más esperadas por las pequeñas y medianas empresas de todo el país, debido a que la expectativa radicaba en que posibilitaría a las economías regionales y familiares ingresar a los grandes comercios, como las cadenas de supermercados.
Esto se lograría mediante la garantía de tener un lugar en los exhibidores en igualdad de condiciones con las grandes marcas multinacionales, y con distintivos que le informarían al consumidor sobre el origen de los productos.
Si bien debía comenzar aplicarse a partir del 15 de mayo de este año en todos los supermercados del país, algo que sí sucede en algunas provincias como Buenos Aires, en Salta aún no se observa en ninguna de las sucursales de las grandes cadenas nacionales ni locales. Pero a eso se suma que los organismos de control, como la Secretaría de Defensa al Consumidor de la provincia, tampoco comenzaron a hacer los relevamientos y apercibimientos correspondientes.
Esa Secretaría, a cargo de Pía Saravia, es la encargada a nivel local de controlar la vigencia de los programas y leyes nacionales como Precios Cuidados, Máximos, los topes de los precios de las carnes cuidadas, y la correcta señalización de los productos, así como de recibir las denuncias de los consumidores. Sin embargo, desde esa entidad contestaron a Salta/12 que aún siguen sin poder ponerla en práctica bajo el argumento de que desde la Secretaría de Comercio Interior no se enviaron las pautas de control a seguir.
La subsecretaria de Defensa al Consumidor de la municipalidad de Salta, Emilia Calmejane, explicó que la norma (27.547) establece las competencias en la Secretaría de Comercio de la Nación, que desde hace unos días está a cargo de Roberto Feletti, “y de allí a las Secretarías de Defensa al Consumidor de las provincias y también a los municipios”.
Pero reconoció que como es de orden público, aunque no recibieron aún ninguna circular al respecto, desde su cartera están diagramando operativos para la próxima semana en algunos grandes supermercados de la ciudad. Añadió que previamente los notificarán recordándoles que ya deberían estar respetando las pautas establecidas.
Mientras que desde la Cámara Pyme salteña, afirmaron que están esperando poder ingresar con ansias a las góndolas de los supermercados. Pero sostuvieron que hasta que no se realicen los primeros controles y se comience a exigir su vigencia, los grandes establecimientos seguirán comerciando solo productos de las pocas multinacionales que concentran más del 80% de lo que consumen los argentinos en sus mesas, “porque no les queda otra cosa que comprar”.
Pero a su vez, esperan que como en Buenos Aires, tanto la provincia como los municipios hagan de nexo entre las grandes cadenas y sectores Pymes, para armar reuniones y entrevistas y de esa manera incrementar las chances de colocar sus productos.
La Ley 27.545 es clara al respecto, e indica de qué manera se deben señalizar los exhibidores, los porcentajes máximos que cada marca puede tener en una góndola, y el lugar que deben ocupar de acuerdo a la procedencia de elaboración.
Pero a casi cuatro meses de su puesta en marcha, en Salta los consumidores siguen sin tener la oportunidad de visualizar los productos regionales y de la economía familiar o campesina con claridad. Y las Pymes aún esperan por ese derecho a competir en igualdad de condiciones.
En el país
Mientras tanto, datos de la Secretaría de Comercio ya reflejan lo que viene sucediendo en algunas provincias y cómo eso repercute en el crecimiento de las economías regionales y las empresas familiares.
Desde que se obliga a los establecimientos a regirse por esa normativa, se incorporaron más de 800 nuevos productos de pequeñas empresas que ya eran proveedoras de los supermercados e hipermercados, pero que ganaron mayor espacio de exhibición. Se dieron de alta 80 nuevas Pymes, en su mayoría vinculadas al rubro alimentos y bebidas. De ellas, el 78% son proveedores regionales de todo el país.
Los datos oficiales muestran que el Registro de Proveedores de la Ley de Góndolas, que es la herramienta para facilitar la conexión entre supermercados y empresas, ya cuenta con 222 pequeños proveedores, de los cuales el 50% ya están proveyendo actualmente a los supermercados.
Algunas cadenas de supermercados comunicaron que debido a su frecuente consumo, han incrementado el volumen de pedidos a las economías regionales en algunos productos como los panificados y pastas. A la vez que aceptaron que muchas veces la gente elige esos productos justamente porque son de pequeñas empresas familiares locales.
¿Qué establece la ley?
La Ley de Góndolas busca que los precios sean claros para los consumidores y que estos puedan acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, asi como productos de agricultura familiar, campesina e indígena; productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales. Y obliga a cumplirla a todos los comercios de venta presencial al público con una superficie igual o superior a los 800 metros cuadrados.
Se aplica a los productos alimenticios, las bebidas, los productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Un mismo proveedor o grupo empresario no puede ocupar más del 30% de la góndola, que deberá tener al menos cinco marcas de proveedores diferentes.
El 25% de los productos deben ser de las Pymes, cooperativas o mutuales y el 5% deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular. Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y destacados con una banda colocada de manera perpendicular a la góndola que diga “Menor precio por unidad de medida”. También deberán figurar en la primera página del sitio web donde se muestren los productos.
En la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.