Así lo confirmó el fiscal federal Ricardo Toranzo, quien brindó detalles de las múltiples causas que tienen curso en la provincia contra funcionarios que cobraron el beneficio económico destinado a trabajadores afectados por la pandemia.
Respecto a los casos de los concejales, “se ha llegado en 16 casos a establecer una suspensión de juicio a prueba, a fin de conocer la responsabilidad, ellos plantean una solución alternativa que estuvo basada en los delitos consumados en tres parámetros, por un lado el compromiso de reparación del daño económico con aportes a entidades públicas o de beneficencia, segundo un compromiso de horas de trabajo comunitario y el tercer caso una autoinhabilitación de no poder presentarse como candidatos durante dos períodos electorales”.
Este último punto podría inhabilitar al intendente electo de Aguaray, Guillermo Aleman, asumir el cargo, por lo cual debería convocarse nuevamente a elecciones. «Los que resultaron electos en la última elección provincial, y cobraron indebidamente el IFE no podrían asumir, entre ellos está el intendente electo de Aguaray”, indicó.
Además para quienes ya habían cobrado el IFE se sumó que debían devolver la plata que habían percibido irregularmente. “Hay otros 9 casos que prontamente van a fijar la fecha de inicio del juicio, tienen calificaciones diferenciadas y algunos quieren debatir su situación procesal en juicio».
Toranzo agregó que la recolección de dinero superó los 400 mil pesos y existen aproximadamente 1.400 horas de trabajo que tienen que cumplir entre todos los concejales que fueron a la suspensión de juicio a prueba, y no les corresponde cobrar porque son tareas comunitarias.