POR LA CAUSA DEL COBRO DEL IFE NO PODRA ASUMIR COMO CONCEJAL

Facundo Quintana Taibo, concejal electo por Campo Quijano, emitió el siguiente comunicado a través de sus redes sociales:

«Queridos vecinos de Campo Quijano:
Por este medio quiero comunicar que no podré asumir el cargo de Concejal electo de mi hermoso municipio.

Ésta no es una decisión tomada por mi persona, por el contrario, es la justicia quien dictaminó que me «autoinhabilite de cargos electivos por el período de un año y medio».
Dicho dictamen es sobre el tema de público conocimiento, referido al cobro del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Quiero disculparme con las personas que confiaron en mí otorgándome su voto.
Repito, ésta no es mi decisión, no tenía conocimiento de ello, de lo contrario no me habría postulado para tan importante cargo.

Hoy, como hombre de bien, me hago cargo del dictamen de la justicia, lamentando profundamente la situación y prometiendo seguir trabajando en mi puesto, incansablemente como lo vengo haciendo.
Me disculpo nuevamente.» Expresó.

La Causa

Un hombre que hacía fila en una dependencia de ANSeS notó algo que le llamó la atención. En la misma cola que hacía para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) había un concejal de Campo Quijano.

La información fue tomada por medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio.
Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.

Muchos de ellos llegaron a cobrar hasta dos cuotas del ingreso, mientras que otros no lo hicieron. Las causas penales avanzaron y 24 de ellos acordaron reparar el daño: entre todos debieron devolver cerca de 1.400.000 de pesos, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a dos próximas elecciones. Otros irán a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.

A los que cobraron el fiscal los acusó de los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública y violación a los deberes de funcionario público. Y a quiénes se inscribieron pero no cobraron los imputó por fraude en perjuicio de alguna administración pública en grado de tentativa.

De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado reparte del daño. Y así acordaron con el fiscal.

Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de otros municipios.

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